Con ello se busca dejar sin efecto una ordenanza que ha dejado en suspenso US$4800 millones en exploración minera impulsada por el consorcio Yanacocha-Newmont debido a que se les cuestiona que su Evaluación de Impacto Ambiental representaría una amenaza para las fuentes de agua de la región.

La Fiscalía de la Nación asegura que la ordenanza choca con varios artículos la Constitución Política del Perú, entre ellos el 192º que señala que “los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales  de desarrollo”.

Ahora, el presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos, tendrá 30 días de plazo para contestar la demanda.