Hace unos días, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) emitieron un pronunciamiento en el cual afirmaron que se trata de un proyecto de retorno a la Reforma Agraria, la misma que tuvo consecuencias económicas y sociales para el país y significó el colapso agrario.

Sin embargo, los agricultores respaldan la medida, planteando un tope de 10 mil hectáreas. “Si aprobamos 40 mil, volveríamos a la época del latifundio, basta con recordar que hasta antes de la Reforma Agraria, el mayor latifundio, que era Casagrande, tenía una extensión de 30 mil hectáreas”, anotó Reynaldo Trinidad, experto en temas agrarios y parte de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro).

El ministro de Agricultura, Adolfo De Córdova, dijo el viernes que su despacho evaluará el proyecto de ley. “Es tan sólo una propuesta nada más y vamos a estudiarla. Hay diversos mecanismos para hacer los controles necesarios, lo estudiaremos con nuestros técnicos y luego formularemos una opinión al respecto", precisó.

DEL CASTILLO

El congresista Jorge del Castillo, autor de la iniciativa, dijo al diario La República, el día domingo 11 de julio, que su propuesta está en contra de los monopolios. "Decir que es una nueva reforma agraria es un error. Se está jugando con el desconocimiento de la gente que no recuerda que hace 40 años la Reforma Agraria significó 150 hectáreas de tope como máximo", precisó.

Agregó que era necesaria una ley que le permita a Indecopi actuar para combatir las prácticas de abuso y posición dominante en el mercado en el tema agrario donde no tiene intervención. "Considero que esta entidad no actúa por falta de voluntad sino por falta de legislación", indicó.

Del Castillo informó que un grupo económico ya tiene más de 60 mil hectáreas, debido a que no existen límites, y eso es lo que se quiere evitar.  "Puede ser 40, 30, 25 mil; en eso ya nos pondremos de acuerdo, pero el punto es evitar el monopolio en la tenencia de tierras en la costa del país. Para poner un ejemplo, la empresa Agroindustrial Laredo, en Trujillo, tiene 8 mil hectáreas. Casa Grande tiene 29 hectáreas", explicó.

De otro lado, el director de la Revista Agraria y presidente del Cepes, Fernando Eguren, precisó que existen tres proyectos: uno, presentado por el APRA, que limita la extensión a 40 mil hectáreas de tierras de cultivo en la costa, pero excluyendo de esta limitación a las tierras de cultivo ganadas por grandes obras de irrigación. Un segundo, que establece el límite en 25 mil hectáreas (con el control de la tierra también va el control del agua.). Límites que considera excesivos, si se tiene en cuenta que las tierras de cultivo son escasas en el Perú (aproximadamente 6% del territorio nacional). La tercera establece un límite de 1000 hectáreas por valle y 5000 por región.

Informó que las dos primeras propuestas surgen ante un conflicto entre grupos de grandes inversionistas,  el grupo Oviedo, accionista de Tumán, y el grupo Gloria, este último que a estas alturas controla alrededor de 60 mil hectáreas.

Eguren coincidió en la necesidad de poner límite a la propiedad de la tierra, tanto por razones económicas, como sociales y políticas. "La influencia que los grandes latifundistas de hoy podrían tener sobre los gobiernos locales y regionales puede sería muy grande", subrayó.

Eguren informó que el tema de la reforma agraria se está poniendo nuevamente en el tapete en la agenda mundial, incluyendo al Banco Mundial y la FAO. La razón son los inmensos desafíos que exigen una mejor distribución de la tierra como son la persistencia de la pobreza rural, la seguridad alimentaria, la competencia de los agrocombustibles por tierras agrícolas, la biodiversidad, y la necesidad de ir cambiando el uso de energía fósil por energía renovable.

"Se va construyendo un consenso de que la agricultura de pequeña escala es más adecuada que el neolatifundio para enfrentar estos desafíos", subrayó.

Sin embargo, agregó que independientemente del área máxima que finalmente se establezca, debería haber un impuesto progresivo a la tierra, que implique que a cuánta mayor superficie, más alto impuesto. "De este modo se desestimula la concentración de la propiedad. Creo que se deberían establecer límites también en el caso de la sierra y la selva; los proyectos se refieren sólo a la costa", precisó.

El especialista dio algunos datos internacionales. En México, las sociedades mercantiles sólo pueden ser propietarias de 2500 hectáreas de riego, esa cifra puede variar dependiendo del producto cultivado. En todo caso, para los cultivos que el Estado permite una acumulación mayor de tierras, por ejemplo la caña de azúcar, el límite máximo es de 7500 ha. En Perú casi todas las azucareras agroindustriales superan este tope.

Mientras que en El Salvador, la extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica no puede exceder de 245 ha.; en Bolivia, la superficie máxima de la propiedad agraria en ningún caso puede exceder de 5000 ha.

Sin embargo, el caso de Brasil es más concluyente: la enajenación o concesión por cualquier título de tierras públicas con una superficie superior a 2500 ha., en favor de una persona física o jurídica, aún a través de persona interpuesta, depende de previa aprobación del Congreso Nacional.