En la actulidad existen siete casos presentados ante esta entidad internacional. Una de ellas, se refiere a la intervención, disolución y liquidación del Banco Nuevo Mundo por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú.  El banco estaba bajo control indirecto de la inversionista francesa Renee Rose Levy, quien está solicitando US$ 2,000 millones por daños y perjuicios

La misma inversionista y Gremcitel S.A.C., al amparo del Tratado Perú y Francia, han planteado otra controversia referida a la declaración de intangibilidad de un terreno que estaba a su cargo en el Morro Solar y que el Instituto Nacional de Cultura (INC) habría intervenido por razones históricas. Está demandando al Estado por US$ 1,500 millones.

Por su parte, Renco Group, Doe Run Perú S.R.L. demanda al Estado peruano por el supuesto incumplimiento de las protecciones del TLC Perú-Estados Unidos en afectación del contrato de privatización del complejo metalúrgico La Oroya. Solicita US$ 800 millones por daños.

Mientras tanto, la empresa Caravelí Cotaruse Transmisión Eléctrica reclama haber sufrido trato discriminatorio por parte del Ministerio de Energía y Minas y otras dependencias del Estado peruano al haber tenido que esperar mayores plazos para la obtención de cartas fianzas que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, a diferencia de las facilidades dadas a otros.

Se menciona además que un tribunal arbitral reconoció  un millón de dólares a favor de Tza Yap Shum debido a las medidas de embargo por parte de Sunat sobre las cuentas corrientes bancarias de la empresa del inversionista chino en TSG Perú SAC que paralizaron las actividades comerciales en el sector pesquero, basados en deudas tributarias presuntas.

En otro caso, Convial Callao S.A. y Compañía de Concesiones de Infraestructura S.A., está solicitando US$ 30 millones pues plantea la frustración de la concesión como producto de una serie de actos que violarían el Tratado de Protección de Inversiones con Argentina.  

A su turno, DP World Callao S.R.L., P&O Dover (Holding) Limited, and The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, solicitan US$200 millones porque habría recibido trato discriminatorio al no permitírseleparticipar en la licitación del Muelle Norte del Puerto del Callao.